Somos campesinas, no narcotraficantes

Puerto Asís y Bogotá, Colombia, marzo-junio, 2017

Es más fácil echarse uno, dos, tres kilos en un bolsito y venderlo que echarse un bulto de maíz o unos racimos de plátano; si erradican la coca estamos condenados a aguantar hambre, tanto nuestros hijos, como las familias… todos. Nuestra propuesta sería que no erradiquen hasta que no haya una solución, un proyecto productivo, algo que nos beneficie a todos y, en especial, a nosotras las mujeres y nuestros hijos… Hablamos de paz pero habiendo la paz, hay la guerra de hambre; y se están formando grupos de atracadores [que roban la mercancía que sacan, sea hoja o pasta]. Nos va a tocar irnos no sé pa' donde. Entonces [pedimos al gobierno] que antes de erradicar, haya soluciones, un proyecto a corto plazo porque no podemos esperar a largo plazo.

(Testimonio recogido en Putumayo, marzo).

 

Mes de mayo, una delegación de mujeres dedicadas al cultivo de la hoja de coca en Colombia, llega a la capital del país para dar detalles de su situación actual y presentar sus demandas al gobierno, a las FARC, al sistema de Naciones Unidas, a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), entre otros. Hacen esta gira institucional con la información en sus respectivas cabezas -ninguna lleva anotado nada; ninguna tomará notas- como mujeres, como campesinas cultivadoras de hoja de coca, pero también de cacao, yuca y plátano; como representantes de las cocaleras del sur del país y como jefas de hogar, porque como dice una de ellas: "la mayoría llevamos la vocería de nuestros hogares".


Suben hasta la planta 39 del histórico-militar Tequendama, el hotel custodiado del centro de Bogotá donde las FARC, en desmovilización, reciben; al menos donde reciben a esta delegación procedente de Putumayo y Cauca, dos departamentos donde la guerra, la violencia y la coca han hecho estragos. Recibe: Judith Simanca Herrera o Victoria Sandino, comandante fariana (como se hacen llamar las mujeres de las FARC), integrante de la Subcomisión de Género en las negociaciones de paz y, actualmente, representante de las FARC en la Comisión de Seguimiento, impulso y verificación a la implementación del acuerdo de paz (CSIVI). Se presentan: Liliana Forero, cultivadora del municipio Piamonte, Cauca (más de 15 horas en canoa y autobús para llegar a Bogotá); Ana María Monroy, cultivadora de la vereda Caraño, Putumayo (entre bote y autobús, ha pasado unas 12 horas viajando); y Socorro Estrada, ex cultivadora de coca, hoy representante de las mujeres de la vereda El Placer (una camioneta a la estación de autobuses y unas 10 horas por carretera hasta Bogotá). Acompañan la delegación tres representantes de la directiva de la Alianza departamental de organizaciones sociales de mujeres “Tejedoras de Vida” del Putumayo, Carmen Ocoró, Nancy Sánchez y Fátima Muriel (vienen de Mocoa, 10 horas en autobús); y una delegación de la Corporación Humanas y Dejusticia.


En su gira por despachos, salones y hoteles, las tres mujeres cultivadoras dan detalles de una cotidianeidad que las personas que tienen en frente no imaginan: horarios de trabajo en los campos de sol a sol, como cultivadoras, raspachinas (recolectoras de hoja de coca), cocineras o quimiquiadoras en los laboratorios; cargas a la espalda de bultos de yuca o plátano de 10, 15 y 20 kilos; caminatas de hasta 9 horas por trochas y caminos para sacar el producto, en invierno anegados de lodo... A veces, "embarazadas o con el pelao al hombro o a la espalda o al costao". Y todo ello para sacar apenas lo suficiente para dar de comer, educar, vestir y proveer de salud; a veces con el marido, otras muchas, solas o con sus familiares. El mensaje en cada encuentro es claro: "las mujeres queremos decirle que estamos listas para la sustitución pero solo si es voluntaria y si hay garantías de cumplimiento de los programas y planes acordados".

 

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"Frente a los 20.000 pesos que pueden ofrecer por unos kilos de yuca o plátano, está el millón largo de pesos que llegan a dar por un kilo de coca". Liliana Forero, al Viceministerio de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Carlos Medina.

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En cada reunión, las mujeres hablan de la tensión que están viviendo las comunidades cultivadoras de coca y dicen que el gobierno debe informar de manera precisa sobre los programas de sustitución de cultivos de coca, entre ellos, los Planes de Atención Inmediata, que son la ayuda económica ofrecida por el Gobierno por un periodo de dos años, "porque la desinformación en las comunidades es tremenda; el Ministerio de Defensa dice una cosa, la oficina para sustitución de cultivos, nos dice otra; simplemente no hay claridad en el proceso, por lo tanto, no podemos informar a nuestra gente".

Desde hace meses, el ejército aterriza sus helicópteros, acampa por dos o tres días en lugares cercanos a los campos de coca y procede, ayudado a veces por la policía, a arrancar de cuajo las plantas; sin previo aviso, sin acuerdos previos y armados. Las mujeres aseguran que el ejército nunca se enfrenta a la población. El viceministro de Justicia, la congresista, la funcionaria de ONU... lo saben, la información circula. Ahora, además, lo escuchan por primera vez en boca de tres mujeres, campesinas cocaleras y protagonistas. Sus manos, ajadas por la labor y los químicos, y sus rostros, por el sol, no mienten.


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"Las lluvias lo dañan todo: la yuca, el pátano, el cacao... Todo menos... la coca; esa hoja se mantiene erguida oiga, así bien paradita siempre". Ana María Monroy, a la congresista Ángela Robledo.

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Con sus testimonios, las mujeres aterrizan la evidencia de que los pre acuerdos no tienen una clara naturaleza jurídica; si las comunidades no cumplen su parte del pre acuerdo se las castigará con la cárcel (punto 4 del acuerdo); si el gobierno y los órganos responsables no cumplen... No hay mecanismos de fiscalización o sanción previstos. Es decir, la existencia de acuerdos firmados con las comunidades para sustituir la hoja de coca no garantiza que no haya erradicación. Claramente, la confianza en este punto del Acuerdo de Paz, no existe, por ello estas tres mujeres hacen llegar una advertencia general: o hay garantías de que los compromisos se cumplirán o pocos abandonarán el cultivo.

 

Sin buenas carreteras y sin vías, no importa lo que cultivemos

Además de relatar su cotidianeidad con el fin de mostrar que "como verá señor viceministro de justicia, nosotras tres, las que estamos aquí, no somos narcotraficantes, somos campesinas", las mujeres exponen sus peticiones: que el dinero previsto en los Planes de Atención Inmediata y otros recursos contemplados en los planes de sustitución de cultivos sean entregados directamente a las mujeres campesinas, ni a las alcaldías, ni a ONG, ni a intermediarios-portavoces de las mujeres; que se les apoye para que prosperen los alternativos a la coca como cacao, pimienta, sacha inchi (una almendra amazónica), piscicultura, etc.; que otorguen tierras y títulos de propiedad a las mujeres; que inviertan en salud, educación y en una universidad para el departamento del Putumayo, "sino cómo garantizamos que nuestros hijos no acaben en cosas violentas o de tráfico"; que se mejoren las vías y caminos porque de lo contrario "da igual la sustitución de cultivo que hagamos"; si no hay buenas vías, sacar una bolsita de hoja de coca o pasta seguirá siendo más rentable para el bolsillo y para la salud de las mujeres del Putumayo y de Cauca.

 

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"Las mujeres no somos titulares de la tierra; los hombres sí. La guerra dejó muchas mujeres cabezas de hogar pero la mayoría no ha recibido ayudas. Nunca nos han tenido en cuenta". Socorro Estrada, a la representante de las FARC Victoria Sandino.

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"Se nos viene un problema muy grave. Las mujeres hemos aportado a la guerra nuestros hijos... Al salir, las FARC dejó un vacío y grupos al margen de la ley lo están ocupando; por eso nos hemos visto obligadas a venir, a tocar puertas, porque la situación es crítica". Liliana Forero, a Victoria Sandino.

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En las cárceles

Ellas aseguran que nunca les han peguntado cuáles son sus motivos para llegar a esta economía que mata, por violenta; nunca por sus necesidades... Entonces, se han desplazado hasta la capital colombiana para saber qué mecanismos están previstos para garantizar sus derechos y los de las mujeres encarceladas. La situación de las mujeres en cárceles por motivo de drogas es un asunto que afecta mucho a las comunidades, también porque los hijos e hijas de éstas se quedan abandonados o al cuidado de familiares. Las mujeres piden que, tal y como estipulan los Acuerdos de Paz (punto 4), se mantenga un trato penal diferenciado para cultivadoras y para las condenadas por delitos menores, aquellas que quedaron atrapadas en los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico y que cumplen condena en cárceles de Colombia o de Ecuador.


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"Les pedimos que nos tengan en cuenta a las mujeres porque si hay más conocimiento sobre el acuerdo de paz, y su implementación, no tendremos temor", Liliana Forero.

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"Los hombres están como locos por no saber en qué consisten los Acuerdos de Paz (...) Pero nosotras tenemos que seguir con la vida como siempre hemos hecho", Liliana Forero.

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En definitiva, la comisión que representó a las mujeres cocaleras del sur de Colombia persigue el objetivo de que la erradicación y el plan de sustitución en marcha no empobrezca a las mujeres.
De vuelta en sus territorios, llegan con una propuesta a la que se debe dar vida para que no quede en promesa rota: hacer un proyecto piloto con las mujeres cocaleras del Putumayo. Las líneas maestras de dicho plan existen y aguardan en un cajón la llegada de una institución que las convoque porque, en realidad, las cultivadoras están organizándose minuciosamente desde que se reunieron, por primera vez, en el mes de marzo, en el sur de Colombia...

 

La coca, beneficio y problema al mismo tiempo

Mujeres dedicadas al cultivo de la hoja de coca en Colombia analizaron la coyuntura actual y consensuaron una declaración con demandas dirigidas a las mesas de negociaciones que se desarrollan desde hace semanas, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla en proceso de desmovilización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). La implementación de los “Acuerdos de paz” está en marcha. Los puntos 1 y 4 están estrechamente relacionados y son cruciales, a ojos de muchos y muchas colombianas, porque deberían provocar cambios estructurales en el agro. El punto 1 del Acuerdo hace referencia a la reforma agrícola y la titulación de la tierra; el 4, a la política antinarcóticos y al fin de los cultivos de coca, marihuana y amapola, entre otras medidas. 

Por primera vez en la historia del país, 75 mujeres de varios departamentos del sur se reunían para hablar del cultivo que les da de comer desde hace décadas, la coca. Juntas levantaron un diagnóstico sobre su situación y priorizaron las demandas al gobierno central y a las FARC, en relación a la sustitución definitiva de los cultivos de coca, a las mujeres encarceladas, a los asuntos relacionados con la propiedad de la tierra, entre otros. Reunidas en la ciudad amazónica de Puerto Asís, expresaron unánimemente su voluntad de sustituir el cultivo de hoja de coca si la alternativa es una propuesta “decente”, esto es, una economía que a largo plazo les sirva para algo más que para subsistir. 

En la actualidad, en los departamentos “cocaleros” de Colombia la tensión es evidente. En Nariño, Putumayo, Cauca y Caquetá, entre otros, cultivadores de hoja de coca y familias dedicadas a tareas de transformación de la hoja en pasta -para la cocaína- viven pendientes de las mesas establecidas para negociar la erradicación total de este cultivo; sustento económico desde hace más de 20 años para más de 200.000 familias campesinas colombianas. 

 

La hectárea necesaria para contrarrestar el machismo

Al encuentro en Puerto Asís, acuden mujeres que se identifican abiertamente como cocaleras y otras que dejaron atrás esta economía ilegal y violenta y quieren exponer cómo lo hicieron. Fátima Muriel, Presidenta, y Nancy Sánchez, coordinadora del programa para la paz, son de la Alianza departamental de organizaciones sociales de mujeres “Tejedoras de Vida” del Putumayo, hablan de la historia del auge de la producción de hoja de coca para cocaína y del Plan Colombia; de los problemas que atraviesan las comunidades campesinas cocaleras en estos momentos de posconflicto; y enumeran las medidas acordadas en el encuentro de cocaleras del sur. 

“Los ingresos recibidos en esta labor nos han permitido acceder a derechos como salud, educación para nuestros hijos e hijas y vivienda y ha posibilitado nuestra independencia económica. Sin embargo, y a pesar de las responsabilidades que asumimos en nuestros hogares y los cocales, en la mayoría de los casos, no participamos en igualdad de condiciones de las ganancias ni de las decisiones sobre la administración e inversión de los dineros que de ellos se derivan. En muchas de nuestras comunidades ha generado una cultura de uso inadecuado de los recursos por parte de los hombres”. Con estas palabras, las mujeres hacen referencia al cuarto de hectárea de tierra que se ven obligadas a cultivar, independientemente de las que trabajan con el marido, porque con la ganancia que les ese pedazo de cultivo de coca compran su ropa interior, compresas y otros útiles de aseo; maquillaje, ropa y libros para hijos e hijas, transporte… Es el pedazo necesario para contrarrestar el machismo. 

Las campesinas relatan en palabras concisas sus jornadas diarias: se levantan a las cuatro de la mañana y se acuestan, a veces, a la una de la madrugada, estén o no embarazadas; estén o no enfermas. Se ocupan de todas las tareas en la casa y de aquellas destinadas al bienestar de hijas, hijos, maridos y demás familiares que vivan bajo el mismo techo. Las mujeres cocaleras o coqueras trabajan en los cultivos, cocinan para los trabajadores, o desempeñan tareas diversas en torno a la coca, como fumigar, raspar (cosechar la planta), quimiquiar (mezclar la hoja con los químicos, como parte del proceso de transformación), transportarla, venderla... 

En el encuentro de Puerto Asís, 16 organizaciones de Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Montería y Santander de Quilichao se sumaron a esta iniciativa de la Corporación Humanas (Bogotá), movilizada por la Alianza de Tejedoras de vida del Putumayo y se sumaron a la declaración final. Las mujeres coqueras -como les gusta nombrarse- respaldaron la implementación del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y durarera", firmado en noviembre de 2016, y trabajaron sobre el punto 4 para que los planes de sustitución sean concertados con las mujeres rurales vinculadas a la economía de los cultivos de coca. 

 

Testimonios de mujeres recogidos en Putumayo.

"Somos campesinas, no narcotraficantes", vídeo realizado en el Putumayo colombiano (mayo 2017)

 

Sustitución gradual y voluntaria

Como quedó establecido en La Habana, el enfoque de género debe ser garantizado en todos los acuerdos y planes del posconflicto; siguiendo esta premisa, las mujeres exigirán su participación en los espacios de toma de decisiones relacionados con la erradicación y sustitución del cultivo de coca. Y, en consonancia con el punto 1 del Acuerdo de Paz, exigen que los procesos de sustitución de cultivos no pongan en riesgo su derecho a la tierra y se les asegure la titulación. 

En la práctica, las coqueras del Putumayo se suman a la exigencia general de las comunidades cultivadoras de hoja de coca, marihuana y amapola de Colombia: que la sustitución sea gradual e inicie cuando haya participación efectiva con sus demandas incluidas. En concreto, exigen que la erradicación voluntaria de inicio solamente cuando hayan arribado los proyectos de sustitución. Las comunidades campesinas cocaleras quieren frenar lo que vienen denunciando desde las veredas (comunidades rurales) donde se firmaron pactos con el gobierno y las FARC, que haya erradicación forzada sin programas de apoyo gubernamental, lo que además aumenta la desconfianza en el Estado. 

Las mujeres exigen al Estado colombiano que no criminalice su modo de vida; ellas -dicen- no son narcotraficantes sino trabajadoras empobrecidas con necesidades y derechos que han logrado satisfacer con los cultivos de uso ilícito. También demandan que aquellas que están en las cárceles por su relación con la economía de la coca (cultivadoras, raspadoras, transformadoras, transportadoras y vendedoras) sean beneficiarias de amnistías y sean excarceladas, cesando sus procesos penales.

Desde la Amazonía sur del país, se alza las voces de las mujeres dedicadas al cultivo de hoja de coca, quienes ha dejado dichas ya sus demandas; a partir de ahora, es el turno de la comisión para la implementación del punto 4 de los acuerdos de paz y de la delegación de las FARC-EP para incorporar dichas demandas y dar cumplimiento cabal al enfoque de género, y que -como dice Nancy Sánchez- “nada se haga sin nosotras”.

 

Una coproducción de la Corporación Humanas y de LolaMora Producciones. Con el apoyo de "Tejedoras de vida del Putumayo" y las mujeres cocaleras del sur de Colombia.

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